No estamos sólo frente a un intento de ajuste y desfinanciamiento como los que hemos vivido en otras ocasiones. Estamos frente a una propuesta de abandono total del Estado de su responsabilidad frente al desarrollo científico-tecnológico.

Por Daniel Filmus

A partir del retorno a la democracia, uno de los principales obstáculos para el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país ha sido la política pendular que llevaron adelante los gobiernos que se sucedieron desde 1983. Sin embargo, la irrupción de las concepciones anarcocapitalistas a partir de la asunción del presidente Javier Milei podría significar una verdadera ruptura de consecuencias irreversibles para la ciencia argentina.

A pesar de los esfuerzos realizados en algunos períodos, la democracia argentina no ha logrado revertir plenamente el proceso de destrucción de la ciencia que se inició en 1966 con la dictadura de Juan Carlos Onganía y la “Noche de los Bastones Largos”. Los gobiernos dictatoriales de los ’60 y de los ’70 habían conseguido interrumpir drásticamente un virtuoso proceso de crecimiento de la ciencia y la tecnología nacional, que tuvo su inicio junto al proceso de sustitución de importaciones e industrialización que comenzó a partir de la tercera década del siglo XX y se profundizó con el peronismo y el desarrollismo.

Esta dificultad del sistema democrático para recuperar plenamente nuestro potencial científico-tecnológico se debió, principalmente, a que cada uno de los intentos de fortalecer y jerarquizar la CyT por parte de gobiernos que lo consideraron vital para el modelo de desarrollo propuesto fue seguido por procesos de políticas neo-liberales que negaron el papel de la ciencia en el crecimiento del país y practicaron ajustes drásticos en el sector. 

De esta manera, los esfuerzos en la recuperación de la CyT que realizó Raúl Alfonsín con la designación de Manuel Sadosky a cargo de esta Secretaría y la normalización de las Universidades Nacionales fueron neutralizados en la década siguiente, en la cual el ministro de Economía Domingo Cavallo mandó a los científicos a “lavar los platos”. El proceso de fortalecimiento del aparato científico-tecnológico que ocurrió en la década kirchnerista y que implicó el aumento de los recursos, la incorporación y repatriación de numerosos investigadores y la creación del Ministerio, también fue seguido de un período (2016-2019) en el que la inversión disminuyó significativamente y donde el Ministerio fue degradado a nivel de Secretaría.

Los fuertes procesos de restricción presupuestaria hacia la CyT se comprenden aun con mayor claridad cuando se revisa la evolución histórica del porcentaje del PBI destinado al sector. Los gobiernos que aplicaron estrategias neoliberales coincidieron, a lo largo del tiempo, en la drástica reducción de la inversión estatal.

Fuente: elaboración propia en base a presupuesto oficial.

Hoy nos encontramos frente a una situación mucho más grave. El fortalecimiento institucional, legislativo y presupuestario que vivió la CyT en el período 2019-2023 corre el riesgo de desmoronarse en poco tiempo.

Más aún: el impacto de las políticas anunciadas por el presidente Javier Milei puede llevarnos a retrocesos irreversibles respecto de proyectos científicos y tecnológicos que significaron décadas de esfuerzos en áreas que son vitales para el desarrollo nacional. Entre ellas, se destacan la investigación espacial, nuclear, oceánica, los desarrollos en sistemas, los avances en biotecnología, nanotecnología y en Inteligencia Artificial, entre otros. 

La irreversibilidad del deterioro no sólo será producto de la paralización de los proyectos de investigación y desarrollo, sino también, y principalmente, del éxodo de muchos de nuestros mejores investigadores, que serán tentados por oportunidades de trabajo más atractivas en otras latitudes.

El anarcocapitalismo que profesa Milei no sólo comparte con las anteriores experiencias neoliberales la visión de un modelo socioeconómico que puede prescindir del desarrollo científico-tecnológico nacional –ya que está basado únicamente en la producción primaria, la liberación de los mercados y la especulación financiera- sino que va más allá. El actual Gobierno Nacional rechaza conceptualmente cualquier tipo de participación del Estado en la ciencia y tecnología. Esta idea llega al punto tal que, en plena campaña electoral, anunció su intención de privatizar el CONICET.

La propuesta de Milei para la ciencia se basa en los preceptos de la escuela austríaca de economía, que ha dedicado páginas a esta problemática. Uno de sus principales referentes, Murray Rothbard, planteó en su texto Ciencia, Tecnología y Gobierno (1959) que este área  “es únicamente función de la economía de libre mercado. Cualquier gobierno que se entrometa en esa función no puede sino distorsionar y obstaculizar la economía, perjudicar al funcionamiento eficiente y al desarrollo de la ciencia y la tecnología y sustituir la libertad individual por una coacción que nadie desea”. Años más tarde, Miguel Anxo Bastos lo complementó en su libro Sobre el Anarcocapitalismo (2018): “(…) en una sociedad como la que proponemos la ciencia sería financiada como en el pasado, a través de donaciones, cooperación con empresas, universidades y centros de investigación (…) no se puede conocer a priori cuánto se gastaría en ella, ni en qué áreas se invertiría, corresponde a los individuos y comunidades determinar esos parámetros”. 

Es evidente que no estamos sólo frente a un intento de ajuste y desfinanciamiento como los que hemos vivido en otras ocasiones. Estamos frente a una propuesta de abandono total del Estado de su responsabilidad frente al desarrollo científico-tecnológico.

A su vez, resulta necesario aclarar que la excusa del ajuste para lograr el equilibrio fiscal carece de sustento en lo que refiere a este sector. En la propuesta de presupuesto nacional 2024, presentada en el Congreso de acuerdo a lo que prescribe la Ley de Financiamiento, se proponía destinar a CyT el 0,39 % del PBI, el más alto en la historia argentina. Y, si tomamos el CONICET únicamente, estamos hablando de menos del 0,10% del PBI.

Queda a la vista que el ahogo presupuestario al CONICET y a la ciencia en el gobierno de Milei no tiene que ver con el ahorro de recursos, que representan un bajísimo porcentaje del total de inversión estatal en relación a otros sectores. Es la ejecución de una política que propone un país sin desarrollo ni soberanía, que tiende a que sea el mercado y no el Estado quien tenga la responsabilidad del desarrollo científico y la innovación tecnológica.

Como sostiene Mariana Mazzucato, la economista ítalo-americana recientemente citada por el Papa, en su libro El Estado Emprendedor: “sin un papel clave del sector público no se puede garantizar un crecimiento basado en la innovación” y, como enfatizó en su última visita a la Argentina en el año 2022: “Es imprescindible una fuerte articulación público-privada, si tenemos una inteligencia colectiva y una colaboración público-privada, se deberían repartir las recompensas”. Llama la atención que los países que el presidente Milei dice admirar y a los que aspira que Argentina imite, son aquellos en los que los Estados más invierten en CyT y trabajan virtuosamente en conjunto con el sector privado. Corea, Israel, EEUU, Irlanda, Alemania, Francia, etc. son ejemplos de este modelo de desarrollo.

Por último, es importante destacar que en los últimos años Argentina ha llegado a consensos importantes respecto del papel de la Ciencia y la Tecnología. Luego de importantes debates, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad leyes históricas que promueven la inversión pública y privada y fijan objetivos sustantivos para la próxima década. La Ley de Financiamiento de la Ciencia, la Ley de Economía del Conocimiento, La Ley de Promoción de la bio y nanotecnología modernas y el Plan de Ciencia y Técnica Argentina 2030 son algunas de ellas. El desafío de todas las fuerzas democráticas que acompañaron estos proyectos y de todos los sectores académicos, empresariales y de trabajadores que participaron en su debate es estar junto a la comunidad científica y acompañar su reclamo por el cumplimiento de estas leyes. No se trata de una demanda sectorial, está en juego el futuro del país.

Artículo publicado originalmente en elDiarioAR.